Según un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) este jueves, Israel ha incurrido en crímenes de guerra y de lesa humanidad debido al desplazamiento «forzado, masivo y deliberado» de casi toda la población de Gaza, un acto que se ha repetido «sin razón militar imperiosa» desde el inicio del conflicto en octubre de 2023. El documento también menciona que las intenciones de algunos miembros del Gobierno israelí de expulsar permanentemente a los palestinos de la Franja constituyen un acto de «limpieza étnica».
Esta organización humanitaria exige que se impongan sanciones al Estado judío y que se detenga la venta de armas —mencionando específicamente a Estados Unidos y Alemania—, lo que representa «un cheque en blanco para nuevas atrocidades». Asimismo, solicita que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya lleve a cabo una investigación sobre las órdenes del ejército israelí que han llevado al desplazamiento de cientos de miles de personas, afectando a 1,9 de los 2,3 millones de habitantes de Gaza, así como la negativa al retorno forzado. «Nadie puede negar los crímenes atroces que el ejército israelí está cometiendo contra los palestinos en Gaza», afirma Nadia Hardman, una de las autoras del informe.
Según HRW, Israel también infringe las normativas que regulan la guerra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al llevar a cabo la destrucción de infraestructuras y edificaciones en una gran parte de su territorio. En diversas ocasiones, estas acciones se han realizado con el propósito de establecer corredores para las fuerzas armadas o crear espacios vacíos que obstaculizan el regreso de la población a sus hogares. Asimismo, los ataques se dirigen a las rutas de escape designadas por el ejército, que ha llevado a cabo la destrucción deliberada de la infraestructura esencial para la supervivencia de la población, incluyendo hospitales, escuelas, sistemas de agua y energía, panaderías y tierras agrícolas.
Hardman denuncia en su informe titulado «Sin esperanza, hambrientos y asediados: el desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por parte de Israel» que Israel ha violado de manera flagrante su deber de asegurar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo a su paso en extensas áreas. Para la elaboración de este documento de 154 páginas, se realizaron 39 entrevistas a residentes de Gaza, se analizaron 184 órdenes de expulsión y se examinaron imágenes satelitales, videos y fotografías. Además, se destaca que Israel se constituyó como Estado en 1948 y, desde entonces, amparado por un «muro de impunidad», ha impedido el derecho de retorno a los lugares de donde fueron desplazados el 80% de los habitantes de Gaza que son refugiados.
La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, enfrenta serias restricciones debido a dos leyes aprobadas recientemente en el Parlamento israelí, las cuales prohíben sus actividades. Algunos miembros del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu han manifestado abiertamente su intención de desplazar a los palestinos de Gaza y facilitar la instalación de colonos judíos en la región. Según Human Rights Watch, existe una preocupación creciente de que las autoridades israelíes estén planeando un desplazamiento sistemático y violento de la población palestina, lo que podría ser considerado como una forma de limpieza étnica.
Las autoridades israelíes justifican estos desplazamientos forzados argumentando que son necesarios debido a la presencia de Hamás y otros grupos armados entre la población civil. Sin embargo, Human Rights Watch ha refutado esta afirmación, señalando que carece de fundamento. La organización también critica a Israel por no cumplir con sus responsabilidades como potencia ocupante, además de bloquear la ayuda humanitaria esencial para los civiles, como el acceso a agua, electricidad y combustible. Asimismo, se destaca que las órdenes de evacuación han sido inconsistentes y, en muchos casos, no se han comunicado adecuadamente a la población afectada.
La ofensiva militar israelí en Gaza, que se ha prolongado durante 13 meses, ha resultado en la pérdida de más de 43.600 vidas. En las últimas cinco semanas, el ejército ha intensificado sus operaciones en el norte del enclave palestino, lo que ha llevado a un alto número de muertes y a cientos de miles de desplazados, según informes de la ONU. Esta situación se considera, según Human Rights Watch, una manifestación clara de la estrategia de las fuerzas de ocupación, que implica el desplazamiento forzado de la población palestina.
El ejército israelí ha tomado la decisión de investigar 16 de los ataques realizados por sus fuerzas, que han resultado en aproximadamente 300 muertes en la región norte de la Franja, en relación con posibles infracciones del derecho internacional, según informa este jueves el diario Haaretz. Esta investigación se inicia, según el medio, ante la posibilidad de demandas internacionales contra los militares del Estado judío. Desde octubre, al menos mil personas han fallecido en esta área del enclave palestino, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. La mayoría de las víctimas han sido ocasionadas por ataques israelíes dirigidos a edificios residenciales, refugios temporales o instalaciones públicas donde se encontraban personas en busca de protección, según el mismo periódico.
El ataque más devastador ocurrió el 29 de octubre, dirigido contra el edificio de cinco plantas de la familia Abu Nasser en Beit Lahia, resultando en un total de 94 fallecidos, de acuerdo con un informe del diario israelí. Se han documentado escenas impactantes de numerosos cuerpos sin vida en vídeos que a menudo circulan en redes sociales, mientras que las autoridades israelíes continúan restringiendo el acceso a los periodistas en la Franja, donde más de 120 reporteros o trabajadores de medios han perdido la vida durante estos ataques, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
En junio pasado, la ONU emitió una acusación contra Israel por crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, en respuesta a los ataques en Gaza que se produjeron tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. En este ataque, aproximadamente 1.200 personas fueron asesinadas en territorio israelí, y otras 250, tanto civiles como militares, fueron secuestradas, de las cuales 101 permanecen en el enclave palestino, según informaron las autoridades israelíes.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Convenios de Ginebra tipifican como crímenes de guerra actos como el homicidio deliberado, la tortura, la deportación o el traslado ilegal de personas, así como los ataques intencionados contra la población civil y bienes que no son objetivos militares, además del asesinato de prisioneros de guerra. Estas normativas buscan proteger a los individuos en situaciones de conflicto armado y asegurar el respeto a la dignidad humana.
Uno de los principios esenciales del DIH es el de proporcionalidad, que prohíbe a las partes en conflicto responder a un ataque con una fuerza desmedida. Israel ha sido acusado de no distinguir entre civiles y combatientes, lo que contraviene este principio, según denuncias de organizaciones humanitarias y la ONU. Además, existen otros principios como el de precaución, que exige minimizar el daño a civiles, y el de distinción, que obliga a identificar claramente los objetivos. De acuerdo con la ONU, el ejército israelí no está cumpliendo con estas normativas, ya que casi el 70% de los más de 43.000 fallecidos son mujeres y niños.
Si los tribunales del lugar donde se llevaron a cabo los actos no pueden llevar a cabo el juicio, la responsabilidad recae en el Tribunal Penal Internacional (TPI), ubicado en La Haya, Países Bajos. Las personas son consideradas responsables de estos crímenes a nivel individual. Asimismo, cualquier Estado tiene la facultad de investigar y juzgar estos delitos, conforme al principio de jurisdicción universal. En el caso de los Estados, la competencia corresponde a la Corte Internacional de Justicia, que también se encuentra en La Haya y está vinculada a la ONU.
