En un fallo sin precedentes que sacude las bases de las redes sociales en el país, la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado a Meta Platforms, Inc., la corporación detrás de Instagram, Facebook y WhatsApp, modificar sus políticas de privacidad y moderación de contenidos. Esta decisión surge tras fallar a favor de la reconocida actriz para adultos y creadora de contenido, Esperanza Gómez, en un litigio que marcará un importante precedente jurídico en la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital colombiano.
La actriz interpuso una acción legal, conocida como tutela, luego de que su cuenta de Instagram, que contaba con más de cinco millones de seguidores, fuera eliminada “sin una justificación transparente y clara”. Gómez argumentó ante el tribunal que la decisión unilateral de Meta vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, la igualdad, el debido proceso y el trabajo. Destacó que las imágenes publicadas, a menudo en ropa interior, constituían parte integral de su actividad laboral. Por su parte, Meta alegó que Gómez había incumplido las reglas de la plataforma relativas a desnudos.
No obstante, el alto tribunal consideró que el cierre de la cuenta fue una decisión “arbitraria” que restringió ilegítimamente la libertad de expresión de la demandante. La Corte concluyó que Meta aplicó sus políticas sobre desnudez y servicios sexuales de manera inconsistente y discriminatoria, evidenciando un trato desigual en comparación con otras cuentas que publican contenidos similares y que, sin embargo, permanecen activas en la plataforma.
La sentencia, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Natalia Ángel, enfatizó que las redes sociales, aunque administradas por compañías privadas, funcionan como un foro público digital y no están exentas de su deber de maximizar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales al establecer y aplicar sus normas.
La Corte dictaminó que toda restricción de discursos en estas plataformas debe cumplir con un test de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, estableció que los intermediarios tienen un deber de transparencia que los obliga a fijar reglas claras sobre sus procedimientos y las consecuencias de infringir las normas, aplicándolas de manera coherente y sensible al contexto, no de forma discriminatoria. Se resaltó también que la decisión de Meta se basó en el pasado de Gómez como actriz de la industria pornográfica, una actividad offline que, según la Corte, no justifica el cierre de la cuenta sin una motivación suficiente y transparente.
Entre las órdenes específicas emitidas por la Corte Constitucional a Meta se incluyen:
- Revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, para que los usuarios tengan claridad sobre los mecanismos disponibles para impugnar decisiones de moderación de contenidos.
- Garantizar que todas las políticas estén publicadas en español y en un sitio web unificado.
- Habilitar un canal electrónico visible y a nivel nacional para que jueces y tribunales puedan remitir notificaciones judiciales en Colombia
- Definir con mayor precisión sus reglas sobre contenidos sexuales implícitos.
- Solicitar a su Consejo Asesor emitir un dictamen consultivo sobre la moderación de desnudos y actividades sexuales de adultos, evaluando el uso de conductas offline como criterio.
Aunque la sentencia no establece sanciones específicas en caso de incumplimiento y la cuenta original de Esperanza Gómez no podrá ser restablecida, el fallo la habilita para buscar una reparación económica por la vía ordinaria.
Este triunfo jurídico de Esperanza Gómez sienta un precedente crucial para influenciadores y creadores de contenido en Colombia, especialmente para aquellos cuya labor profesional se desarrolla fuera de las redes sociales. El fallo subraya la necesidad de transparencia por parte de las grandes plataformas tecnológicas y la aplicación coherente y no discriminatoria de sus reglas, reforzando la protección de los derechos fundamentales frente a la arbitrariedad corporativa. La sentencia impacta directamente en la forma en que las plataformas manejan la moderación de contenidos en Colombia y potencialmente en otros países de la región. Meta aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta sentencia.
