Según los informes, los líderes militares del golpe de Myanmar han enjuiciado a los líderes legítimamente elegidos del país. Se entiende que el proceso, aparentemente mantenido en secreto y sin otorgar a los imputados el beneficio de representación legal, podría durar hasta seis meses.
Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado de Myanmar y líder de facto, enfrenta cargos de importar ilegalmente dos walkie talkies y de contravenir una ley de gestión de desastres naturales al interactuar con una multitud durante la pandemia de coronavirus. Estos conllevan una pena máxima de seis años de cárcel.
Win Myint, el presidente depuesto del país, ha sido acusado de violar las restricciones por desastres naturales, que, si es declarado culpable, podría significar hasta tres años de prisión.
Los preocupantes acontecimientos en Myanmar se hacen eco de los juicios políticos del pasado, lo que plantea interrogantes fundamentales sobre qué es realmente la “ley”. ¿Cómo utiliza legítimamente la ley un gobierno establecido ilegalmente contra sus oponentes?
De hecho, ¿se puede decir que las reglas adoptadas o impuestas por una dictadura son «leyes»?
Esta pregunta ha molestado a los teóricos del derecho y a los abogados de Derechos Humanos durante mucho tiempo. Por ejemplo, el teórico alemán Gustav Radbruch argumentó que las acciones autorizadas por la abominable «ley» nazi no eran, de hecho, legales y, por lo tanto, el enjuiciamiento de personas por sus acciones en la Alemania nazi en la posguerra no sería injusto.
Cuestiones similares surgieron en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1945 porque en el juicio de altos nazis fue la primera vez que alguien fue juzgado por “crímenes contra la humanidad” y “librar una guerra de agresión”. La defensa argumentó que esos delitos no estaban claramente establecidos en el Derecho Penal Internacional cuando se decía que habían sido cometidos.
La sentencia de Nuremberg hizo la afirmación no del todo convincente de que debería haber sido obvio que estas categorías de crímenes internacionales ya existían, pero también declaró que la regla contra el enjuiciamiento retrospectivo podría no aplicarse ante la escala de las atrocidades nazis en cualquier caso.
Más recientemente, los regímenes de Europa Central y Oriental fueron derrocados y los nuevos Estados Democráticos se unieron al Consejo de Europa y firmaron la Convención Europea de Derechos Humanos. Muchos de estos Estados pudieron, por primera vez, embarcarse en el enjuiciamiento de personas por sus acciones bajo el comunismo, como reprimir el fallido levantamiento de 1956 en Hungría, o matar a personas que intentaban cruzar el Muro de Berlín para huir de la Alemania Oriental comunista. .
Los acusados han argumentado no solo que su enjuiciamiento fue injusto porque un enjuiciamiento fue imprevisible cuando llevaron a cabo los presuntos delitos, sino también que viola la Convención Europea, que confirma que las personas solo pueden ser condenadas por delitos que existían en el momento en que presuntamente fueron cometidos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tendido a adoptar la posición de que cuando las acciones eran claramente contrarias al Derecho Internacional, no importa si estaban permitidas por la legislación nacional de un Estado.
Sin embargo, esto no significa que, a nivel mundial, estemos libres de la noción de juicios ficticios y juicios políticos que, como los de Myanmar, pretenden ser legales pero que son todo lo contrario. Incluso en Europa, el «juicio» militar convocado apresuradamente y mal organizado y la ejecución resultante del dictador rumano Nicolae Ceaușescu y su esposa el día de Navidad de 1989 es un claro ejemplo.
Sobre el juicio de Saddam Hussein en el Tribunal Penal Supremo Iraquí, se ha alegado que hubo interferencia política y que el caso potencialmente muy fuerte en su contra no se presentó adecuadamente. Además, los testigos de la defensa y los abogados fueron intimidados y varios fueron asesinados.
Pero incluso un juicio débil fue probablemente al menos un paso adelante de las ejecuciones extrajudiciales selectivas, por ejemplo, mediante ataques con aviones no tripulados, que hemos visto ordenados por presidentes y primeros ministros de todas las tendencias políticas durante la “guerra contra el terror”.
En el otro extremo, hay ejemplos de regímenes derrocados que intentan otorgarse una amnistía contra el enjuiciamiento, como cuando las dictaduras militares establecidas en Argentina y Chile en los años setenta llegaron a su fin en 1983 y 1990, respectivamente. De hecho, la Corte Suprema argentina derogó su ley de amnistía en 2005.
Ese fallo se inspiró en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictaminado que tales amnistías violan los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes y las víctimas muertas.
Sin embargo, existen amnistías condicionales más democráticas, como las concedidas en Sudáfrica durante el proceso de «Verdad y Reconciliación» tras la caída del apartheid: la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación , dirigida por el arzobispo Desmond Tutu, aceptó más de 1.000 solicitudes para la amnistía, a cambio de que el solicitante acceda a testificar ante la Comisión.
Volviendo al tema de Myanmar, sólo se puede esperar que el gobierno militar muestre cierta moderación en su uso y abuso de “la ley”. Pero, dado el historial de violencia del país y las crecientes protestas contra su golpe, es cuestionable cuánto tiempo durará incluso la pretensión de actuar de acuerdo con la ley.
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