El lunes 4 de marzo, Francia se convirtió en el primer país del mundo en blindar el derecho al aborto en su constitución, marcando un precedente en esta materia y así reafirmar el significado del aborto en este país como un “derecho”. Con 780 votos a favor y 72 en contra, los legisladores de ambas cámaras del parlamento, superaron con creces los tres quintos que eran necesarios para aceptar dicha enmienda, la cual establece, que en territorio francés existe total libertad para finalizar un embarazo.
Este hito concluye un largo camino recorrido. Gran parte de los legisladores franceses, no pensaban que fuera relevante el consagrar este derecho en la constitución, al existir previamente una ley que permite el acceso al aborto en el país europeo. La ley Simone Veil, se remonta al año 1975, esta permitía a la mujer practicarse un aborto hasta la décima semana de gestación. Más adelante, en 2001 se amplió dicha ley hasta la doceava semana. Por último en 2022 se extendió hasta la catorceava semanas de embarazo.
La opinión pública francesa apoya en su mayoría la decisión. De acuerdo a estudios realizados en el año 2022, más de 89% de los franceses estarían de acuerdo. Luego de conocerse la noticia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informo que la ceremonia oficinal tomara lugar el viernes 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Dicen que para lo que algunos es un derecho, para otros es un tabú. Es por eso que la Iglesia católica no celebra la consagración de esta enmienda y muestra oposición. La conferencia de Obispos de Francia compartió un comunicado en donde expresan “de todos los países europeos, incluso de Europa occidental, Francia es el único donde el número de abortos no disminuye e incluso ha aumentado en los últimos dos años”. De igual forma, los representantes del vaticano compartieron, en el mismo comunicado, tener “esperanza” en el criterio de sus parlamentarios, “muchos de nuestros parlamentarios, sin duda, votarán a favor de este texto con la convicción de afirmar un derecho esencial; algunos, bastantes de hecho, votarán avergonzados y obligados”. Sin embargo, los resultados les dieron la espalda.
Aunado a este hito, alrededor del mundo sigue existiendo un estigma respecto al aborto y las implicaciones morales que supone la legalización del mismo, haciendo que exista una división en las leyes que lo regulan incluso dentro de un mismo país.
La enmienda aprobada por el parlamento francés, es una respuesta directa a la decisión tomada en 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos. El conocido caso Roe vs Wade, significó un antes y un después para la legislación norteamericana en esta materia. La histórica sentencia, que consagraba al aborto como un derecho, fue anulada en 2022 luego que la Corte Suprema de Estados Unidos expresara que, “Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”.
Roe vs Wade fue el nombre dado a la apelación de Norma McCorvey ante la Corte Suprema de Estados Unidos por no permitírsele un aborto en el estado de Texas. Jane Roe fue el seudónimo dado a McCorvey a fines del caso judicial, y Henry Wade por su parte era el fiscal del distrito local que negó el aborto a la mujer.
Gracias al rechazo del Tribunal Federal, Norma McCorvey, de 23 años y madre de dos, se vio obligada a dar a luz a su tercer hijo en 1969, el cual fue dado en adopción posterior a su nacimiento.
En su apelación ante la Corte Suprema, se alegó que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales, y en una sentencia que sigue causando impacto al día de hoy, se decidió en 1973 que el derecho de una mujer a poner fin a su embarazo, estaba sujeto a la libertad de elección personal en asuntos familiares protegidos por la Constitución estadounidense.
Ahora, cinco décadas después, el fallo se revierte, puesto que la interpretación de lo que en aquel entonces podría sustentar la legalización del aborto, se considera como erróneo. De acuerdo a la opinión de la mayoría de la Corte, “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos de cada pueblo”. Casi dos años después de la derogación, 14 de los 50 estados del país han prohibido el aborto en su totalidad.
Más allá de Estados Unidos, el impacto de esta derogación se refleja a través del mundo, puesto que la consagración de Francia en su Constitución al derecho de las mujeres sobre el aborto es sobreviniente a la amenaza que puede suponer la influencia de una sociedad en la ley.
El Estado Francés busca definir de una vez por todas y para la perpetuidad el derecho al aborto en su norma suprema para que no se vea sujeto a cambios de manera sencilla y no pueda ser revocado de la mujer bajo ninguna circunstancia.
A nivel internacional, las distintas legislaciones adoptan teorías diferentes respecto al comienzo de la vida, algunas consideran el momento de la concepción y otras al momento del nacimiento para ser sujeto de derechos. En Francia, se considera la personalidad jurídica al momento de nacer vivo y viable, sin embargo, el Estado francés no es ajeno a la protección de los no nacidos, puesto que en su legalización del aborto, existe una limitación hasta la semana 14.
Por cuanto, a la legislación venezolana, se entiende a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones como personalidad jurídica, que en personas naturales se reconoce al momento de nacer vivo. El artículo 17 del Código Civil, establece, “El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo”.
Es decir, se considera una vida al momento de nacer, sin embargo, desde el punto de vista de la interrupción de embarazo, Venezuela adopta la protección a los no nacidos desde el momento de su concepción al permitir el aborto solo en casos donde la vida de la madre corra peligro. Según el capítulo IV del Código Penal, sobre el aborto provocado, el artículo 430 establece, “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años.”
Según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, uno de cada dos embarazos en el mundo no son planeados. Acorde a la ONU, el 61% de los embarazos no deseados terminan en un aborto, y el 45% de los mismos son realizados de manera insegura, resultando en aproximadamente 5% a 13% de las muertes maternas registradas.
El informe “Visualizar lo invisible”, publicado en 2022, estima que el creciente número de embarazos no intencionales representa una emergencia de salud pública, lo que algunos países abordan en sus legislaciones con establecer el derecho al aborto gracias a que se considera la idea de que penalizarlo no lo impide, solo lo hace menos seguro.
