El campo de juego se ha trasladado a los tribunales. El Valencia Club de Fútbol ha iniciado una batalla legal de alto perfil al presentar una demanda en el Juzgado número 1 de Valencia contra la productora brasileña Conspiraçao Filmes y el gigante del streaming, Netflix. El motivo es el documental «Baila, Vini», centrado en la figura del futbolista Vinícius Junior, que según el club español, contiene «falsedades» que vulneran gravemente el derecho al honor de la entidad y la reputación de sus aficionados.
El Fundamento de la Demanda: Intromisión en el Derecho al Honor
El eje central de la acción judicial del Valencia es la figura legal de «intromisión en el derecho al honor». El club argumenta que el documental presenta una narrativa manipulada y perjudicial de los hechos ocurridos en el estadio de Mestalla el 21 de mayo de 2023.
El punto más conflictivo es un video de TikTok incluido en la producción que muestra el momento de la expulsión de Vinícius Jr.. Durante esa escena, el estadio despidió al jugador con el grito mayoritario de «tonto, tonto». Sin embargo, el documental subtitula ese preciso momento con la palabra «mono». El Valencia califica estos subtítulos como «manipulados» y «falsos», y considera que esta alteración constituye el núcleo del daño a su imagen.
La defensa de Netflix y la productora podría apoyarse en las declaraciones posteriores al partido del entonces técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien afirmó en rueda de prensa que todo el estadio se había vuelto «loco» y le había gritado «mono, mono» a Vinícius. Estas declaraciones, ahora contrapuestas a la demanda del club, añaden una capa de complejidad al debate probatorio que deberá resolver el juez.
Las Exigencias Legales del Valencia CF
El club valenciano no solo busca una declaración judicial, sino que ha presentado un petitorio con exigencias concretas para la reparación del daño:
- Modificación del Contenido: La principal solicitud es que se modifiquen los subtítulos del documental para que reflejen la realidad de lo que, según el club, se gritó mayoritariamente en el estadio.
- Compensación Económica: La demanda incluye una reclamación de indemnización económica por los perjuicios causados a la imagen y reputación del club y su hinchada.
- Inclusión de la Sentencia: Una de las peticiones más innovadoras es la exigencia de que, una vez resuelto el caso, la sentencia judicial sea incorporada al propio documental. Esta medida busca no solo una reparación económica, sino también una rectificación moral y pública dentro de la misma obra que generó el conflicto.
El Contexto Jurídico: Una Condena Previa y la Vía Extrajudicial Agotada
La estrategia legal del Valencia se apoya en dos pilares. Primero, el club subraya que agotó todas las vías previas antes de acudir a los tribunales. En mayo de 2025, tras el estreno del documental, el Valencia exigió por escrito una «rectificación inmediata», pero al no recibir respuesta («hacía caso omiso»), sus abogados comenzaron a preparar la demanda en julio.
Segundo, y de vital importancia, el club se desmarca del racismo argumentando que actuó con «rapidez y eficiencia» para identificar a los individuos responsables de los insultos racistas. Horas después del partido, el club y la Policía identificaron a tres seguidores que realizaron gestos racistas. Estos tres individuos fueron juzgados y condenados en un juicio de conformidad por un delito contra la integridad moral, con el agravante de discriminación por motivos racistas. La sentencia, que incluyó 8 meses de prisión y una prohibición de dos años de acceso a estadios, fue la primera condena por un caso de racismo en el fútbol español, marcando un precedente jurídico histórico. El Valencia utiliza este hecho para sostener que, si bien existieron actos racistas aislados que fueron debidamente sancionados, el documental generaliza injustamente a toda su afición, dañando su honor.
Implicaciones y Apoyos Externos
El caso trasciende al club, ya que el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, también solicitó una rectificación a Netflix, rechazando las «insinuaciones de racismo» y la puesta en duda de la «profesionalidad y neutralidad» de los agentes policiales en el documental.
Ahora, la justicia deberá ponderar si la edición y subtitulación del documental constituye una intromisión ilegítima en el honor del club o si se enmarca dentro de la libertad de expresión y narrativa documental. Con un juicio que podría extenderse hasta 2026, este caso se perfila como un precedente clave en la intersección del derecho, el deporte y la producción audiovisual global.
