La llegada de Tilly Norwood, una «actriz» creada íntegramente con inteligencia artificial, no solo ha provocado el rechazo de estrellas como Emily Blunt y Whoopi Goldberg, sino que ha encendido las alarmas de una batalla legal que podría redefinir las reglas de la industria del entretenimiento. Aunque su creadora, Eline Van der Velden, la presenta como una «obra de arte» y una nueva herramienta creativa, para el poderoso sindicato de actores de Hollywood y numerosos artistas, su existencia se fundamenta en un terreno legalmente pantanoso: la apropiación no consentida de propiedad intelectual y la violación de acuerdos contractuales clave.
El principal frente de batalla legal lo lidera el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA). En un comunicado contundente, la organización no solo desconoció a Norwood como actriz, sino que la definió como «un personaje creado por un programa de computadora que fue entrenado a partir del trabajo de incontables intérpretes profesionales — sin permiso ni compensación». Esta declaración es crucial, ya que establece la base de la disputa: la creación de Tilly se habría nutrido de datos —imágenes, gestos y actuaciones— de artistas reales sin su autorización, lo que el sindicato califica como el uso de «actuaciones robadas».
La amenaza legal más directa y tangible proviene de las protecciones obtenidas tras las huelgas que paralizaron Hollywood en 2023, donde la IA fue un punto central de conflicto. SAG-AFTRA ha lanzado una advertencia clara a agencias de talento y estudios: contratar a Norwood «podría plantear problemas para las protecciones contractuales que obtuvieron tras la huelga de 2023». Esto significa que cualquier productora que utilice a la actriz de IA se arriesga a enfrentar acciones legales por incumplimiento de los acuerdos sindicales, diseñados específicamente para proteger el sustento y la imagen de los actores humanos. La actriz Natasha Lyonne ha ido más allá, pidiendo un boicot contra cualquier agencia que se atreva a representarla, una medida de presión con serias implicaciones contractuales y financieras.
Más allá de los acuerdos sindicales, el caso de Tilly Norwood se inserta en un debate más amplio sobre la propiedad intelectual y el derecho de imagen. La actriz Mara Wilson, famosa por su papel en Matilda, lo expresó de manera directa al cuestionar el origen de la IA: «¿Y qué hay de las cientos de jóvenes mujeres cuyas caras fueron fusionadas para crearla? ¿No podrías contratarlas a ellas?». Esta pregunta apunta al núcleo del problema legal: el uso de rasgos y datos biométricos de personas reales sin su consentimiento para crear un producto comercial. Este escenario ya está siendo litigado en otros frentes, con gigantes como Disney, Universal y Warner Bros. demandando a generadores de IA como Midjourney por presunta infracción de derechos de autor, al entrenar sus sistemas con material protegido.
La presión legal es tan evidente que las propias empresas de tecnología están empezando a reaccionar. OpenAI, por ejemplo, ha comenzado a advertir a estudios que su generador de video Sora puede incluir material con derechos de autor y está implementando medidas para bloquear la creación de imágenes al estilo de artistas vivos y permitir que figuras públicas opten por no ser recreadas por la tecnología. Esta es una admisión implícita del riesgo legal que corren y un intento de mitigar futuras demandas.
Aunque la creadora de Tilly, Eline Van der Velden, insiste en que su creación es un «nuevo pincel» y no un reemplazo para los humanos, la industria ve las cosas de otra manera. Para ellos, si un productor contrata a Tilly, es una actriz de carne y hueso que se queda sin trabajo. En definitiva, mientras Tilly Norwood sonríe desde sus redes sociales, su existencia ha destapado una caja de Pandora legal que enfrenta la innovación tecnológica con derechos fundamentales como la propiedad intelectual, el derecho a la propia imagen y los acuerdos laborales que sostienen a toda una industria. La pregunta que resuena en Hollywood ya no es si la IA puede actuar, sino si tiene el derecho legal de existir a costa del trabajo y la identidad de otros.
