El Tribunal Penal de París ha dictado una condena ejemplar contra el influencer Ilan M., conocido en redes sociales como “Amine Mojito”, de 27 años. La sentencia pone el foco en los límites legales del contenido en línea y establece un precedente claro: la intención de ganar notoriedad o generar risas no exime de responsabilidad legal cuando se provoca pánico y temor real en la vía pública.
La condena surge tras una serie de múltiples agresiones filmadas y difundidas por el influencer en plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat, donde simulaba inyectar líquidos o simplemente realizar «pinchazos» con jeringas (supuestamente vacías o llenas de agua de escusado) a personas desconocidas en plena calle.
Los Cargos: Violencia Agravada y Uso de Objeto Peligroso
El aspecto central de la sentencia radica en la clasificación del delito. Amine Mojito fue declarado culpable de “violencia con arma que no resultó en incapacidad laboral”. Además, el Tribunal Correccional de París lo condenó específicamente por violencia intencional agravada, difusión de videos que atentan contra la dignidad, y tenencia y uso de un objeto peligroso.
A pesar de que los videos se realizaron con fines de entretenimiento y que el acusado declaró que su intención no era causar daño, el tribunal consideró que las acciones constituyeron una “simulación de agresión”. El uso de la jeringa, incluso si estaba vacía, fue considerado un arma y el tribunal determinó que el influencer era consciente del riesgo que implicaba utilizar dicho objeto en un espacio público.
Además, la peligrosidad de la conducta fue destacada por las autoridades, especialmente considerando el contexto de «psicosis nacional» en Francia, donde se han reportado numerosos casos reales de ataques con agujas en espacios públicos desde 2022. La fiscalía argumentó que estos videos “exponen a las personas al miedo de una agresión química” y banalizan conductas potencialmente graves.
El Daño Psicológico como Agravante
Aunque los videos mostraban varias escenas de ataques simulados, solo una persona presentó una denuncia formal. No obstante, esta denuncia fue crucial. La víctima, un hombre atacado en junio de 2025, experimentó un trauma psicológico y pánico al creer que había sido contagiado con una enfermedad.
La evaluación médica determinó que la víctima sufrió siete días de interrupción total de trabajo (ITT) debido a los efectos psicológicos del incidente. El Tribunal consideró que estas acciones causaron un perjuicio emocional real a las víctimas, calificando el hecho como un acto de violencia agravada.
La defensa, a cargo de la abogada Marie Claret de Fleurieu, argumentó que la sentencia reflejaba un “frenesí mediático” en lugar de un análisis objetivo de las acciones. Pese a que el acusado, que buscaba “recuperar notoriedad en redes”, minimizó el impacto de sus actos declarando que no pensó en los demás, sino en sí mismo, el tribunal mantuvo la condena firme. La decisión judicial fue enviada como un mensaje contundente de que el contenido viral no puede justificar el terror público.
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