El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el jueves pasado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de carácter económico urgente destinado a combatir el lavado de activos asociado a las organizaciones criminales que actualmente operan en el país.
El presidente envió a la Asamblea Nacional (Parlamento) una propuesta legislativa destinada a establecer una Ley Orgánica que busque mejorar la recaudación mediante la lucha contra el lavado de activos.
Esta iniciativa legislativa propone diversas medidas orientadas a prevenir, identificar y erradicar el lavado de activos, así como a impedir la inyección de capital ilegal en la economía del país, tal como se detalla en un comunicado emitido por la Presidencia de Ecuador.
Igualmente, menciona que, dado que el sector de venta de vehículos es empleado para transacciones con fondos ilegales, sugiere la creación de un impuesto específico para el transporte terrestre. El Gobierno ha pedido a la Asamblea que se le dé un tratamiento urgente a esta iniciativa, que, según el Ejecutivo, contribuirá a desmantelar el protocolo de lavado de activos.
La iniciativa legislativa presentada por el presidente de Ecuador contempla la implementación de regulaciones de supervisión y reformas en las instituciones, destacando el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe).
El gobierno ha instado a la Asamblea Nacional a considerar de manera prioritaria esta propuesta, argumentando que su aprobación facilitará la desarticulación de las redes de lavado de activos en el país.
En el año 2023, Ecuador se posicionó como el país con la mayor tasa de homicidios per cápita en Latinoamérica, alcanzando un índice de 47,2 por cada 100.000 habitantes. Esta alarmante violencia se ha relacionado con la actividad de organizaciones criminales, en su mayoría vinculadas al narcotráfico, así como a la minería ilegal y otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Desde comienzos de 2024, Noboa promovió la lucha contra el crimen organizado al nivel de «conflicto armado interno», catalogando así a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas. En este contexto, se decretaron diversos estados de excepción que contemplaron acciones como la militarización de las cárceles dominadas por estas organizaciones criminales.
